Por
Olivo De León
El Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) ejecuta un programa de talleres sobre llenado del formulario de Declaración Jurada de Bienes.
El doctor Marcos Villamán, director ejecutivo de la institución, informó que este programa se ejecuta con el objetivo de entrenar a los funcionarios de la administración pública en este ejercicio y para contribuir con la transparencia en las instituciones gubernamentales.
Afirmó que además, se busca motivar a todos los funcionarios a cumplir con este requisito legal a la hora de asumir sus funciones, así como evitar que incurran en errores que puedan llevarlo a sanciones y sometimientos judiciales.
Explicó que los talleres se imparten de nueve a once de la mañana, en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ubicado en el edificio de Oficinas Gubernamentales Juan pablo Duarte (Huacal).
Dijo que desde que se empezó a trabajar en esta iniciativa se han impartido 12 talleres con 150 participantes y que estos continuarán hasta que agote la participación de todos los funcionarios públicos.
Indicó que el jueves 20 de agosto se entregaron certificados a los participantes en estos entrenamientos, en un acto efectuado en la Procuraduría General de la República.
En el acto habló Roberto Obando Prestol, director del Instituto Nacional de Administración y Personal (INAP), quien se refirió a la necesidad de continuar trabajando para que todos los funcionarios públicos estén en plena capacidad de llenar los formularios de declaración jurada de bienes correctamente y adecuado a los sistemas informáticos.
Mientras que Julio Simón Castaños, director del Sistema Unificado de Informática para Declaración Jurada de Bienes, dijo que más del 95 por ciento de los funcionarios han cumplido con este requisito legal.
En tanto que Francisco Cáceres, subdirector Técnico del Conare, admitió que existen problemas en las declaraciones juradas de bienes, por lo cual se trabaja en su corrección a través de los talles.
También afirmó que las declaraciones juradas de los funcionarios estén en la Dirección de Prevención de la Corrupción (DPCA) a disposición de quien las pida.
Entre las instituciones que han participado en estas actividades están todas las secretarías, tales como las de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, la de Estado de la Juventud, la de Hacienda, la de la Mujer, la de Deportes, la de Relaciones Exteriores, la de Interior y Policía, la de Impuestos Internos, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Administrativa de la Presidencia, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la Secretaría de Estado de Trabajo y la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas.
Así como los institutos, las direcciones y entidades centralizadas y descentralizadas
Marcos Villamán, director del Conare, recordó que los funcionarios públicos que violen la ley de declaración jurada de bienes, que será modificada próximamente, podrían ser sancionados con cárcel de cinco a diez años, multas y la inhabilitación de dos a diez años para ejercer funciones públicas.
Indicó que así está contemplado en el artículo cinco del anteproyecto de modificación de la ley de declaración jurada de bienes, donde también se establece que a todo funcionario del Estado condenado por enriquecimiento ilícito, les serán secuestrados y decomisados los bienes que constituyen el incremento de su patrimonio, que se haya determinado es el producto de las infracciones que provocaron el enriquecimiento.
Asimismo, sostiene que después que estos bienes decomisados hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pasarán a ser propiedad del Estado Dominicano y puesto a disposición de la entidad pública donde el funcionario haya prestado sus servicios.
Además, el anteproyecto de modificación sostiene que los funcionarios que se hubieren enriquecido ilícitamente mientras ejercen sus funciones les serán aplicables las penas previstas en los artículos 174 a 183, ambos inclusive, del Código Penal.
El anteproyecto también establece que los funcionarios obligados a presentar declaración jurada de sus bienes y no lo hagan en los plazos previstos por la ley, serán sancionados con la retención de su salario, y la imposición de una multa igual al salario que perciban como funcionario del Estado.
Agrega que en caso de reincidencia, los funcionarios podrán ser sancionados con la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un período igual al que debía ocupar.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL CONAR
El doctor Marcos Villamán, director ejecutivo de la institución, informó que este programa se ejecuta con el objetivo de entrenar a los funcionarios de la administración pública en este ejercicio y para contribuir con la transparencia en las instituciones gubernamentales.
Afirmó que además, se busca motivar a todos los funcionarios a cumplir con este requisito legal a la hora de asumir sus funciones, así como evitar que incurran en errores que puedan llevarlo a sanciones y sometimientos judiciales.
Explicó que los talleres se imparten de nueve a once de la mañana, en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ubicado en el edificio de Oficinas Gubernamentales Juan pablo Duarte (Huacal).
Dijo que desde que se empezó a trabajar en esta iniciativa se han impartido 12 talleres con 150 participantes y que estos continuarán hasta que agote la participación de todos los funcionarios públicos.
Indicó que el jueves 20 de agosto se entregaron certificados a los participantes en estos entrenamientos, en un acto efectuado en la Procuraduría General de la República.
En el acto habló Roberto Obando Prestol, director del Instituto Nacional de Administración y Personal (INAP), quien se refirió a la necesidad de continuar trabajando para que todos los funcionarios públicos estén en plena capacidad de llenar los formularios de declaración jurada de bienes correctamente y adecuado a los sistemas informáticos.
Mientras que Julio Simón Castaños, director del Sistema Unificado de Informática para Declaración Jurada de Bienes, dijo que más del 95 por ciento de los funcionarios han cumplido con este requisito legal.
En tanto que Francisco Cáceres, subdirector Técnico del Conare, admitió que existen problemas en las declaraciones juradas de bienes, por lo cual se trabaja en su corrección a través de los talles.
También afirmó que las declaraciones juradas de los funcionarios estén en la Dirección de Prevención de la Corrupción (DPCA) a disposición de quien las pida.
Entre las instituciones que han participado en estas actividades están todas las secretarías, tales como las de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, la de Estado de la Juventud, la de Hacienda, la de la Mujer, la de Deportes, la de Relaciones Exteriores, la de Interior y Policía, la de Impuestos Internos, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Administrativa de la Presidencia, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la Secretaría de Estado de Trabajo y la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas.
Así como los institutos, las direcciones y entidades centralizadas y descentralizadas
Marcos Villamán, director del Conare, recordó que los funcionarios públicos que violen la ley de declaración jurada de bienes, que será modificada próximamente, podrían ser sancionados con cárcel de cinco a diez años, multas y la inhabilitación de dos a diez años para ejercer funciones públicas.
Indicó que así está contemplado en el artículo cinco del anteproyecto de modificación de la ley de declaración jurada de bienes, donde también se establece que a todo funcionario del Estado condenado por enriquecimiento ilícito, les serán secuestrados y decomisados los bienes que constituyen el incremento de su patrimonio, que se haya determinado es el producto de las infracciones que provocaron el enriquecimiento.
Asimismo, sostiene que después que estos bienes decomisados hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pasarán a ser propiedad del Estado Dominicano y puesto a disposición de la entidad pública donde el funcionario haya prestado sus servicios.
Además, el anteproyecto de modificación sostiene que los funcionarios que se hubieren enriquecido ilícitamente mientras ejercen sus funciones les serán aplicables las penas previstas en los artículos 174 a 183, ambos inclusive, del Código Penal.
El anteproyecto también establece que los funcionarios obligados a presentar declaración jurada de sus bienes y no lo hagan en los plazos previstos por la ley, serán sancionados con la retención de su salario, y la imposición de una multa igual al salario que perciban como funcionario del Estado.
Agrega que en caso de reincidencia, los funcionarios podrán ser sancionados con la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por un período igual al que debía ocupar.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL CONAR
