Los imputados mientras eran introducidos al Juzgado de la Instrucción, bajo un estricto cerco policial.
MONTECRISTI.-La Jueza del Juzgado Permanente de la Instrucción del Departamento Judicial de Montecristi JavielKa Gómez, dictó medida de coerción consistente en tres y seis meses de prisión preventiva, a los oficiales que participaron en la ejecución de William de Jesús Bautista Checo y Cecilio Díaz, supuestos secuestradores de Eduardo Baldera Gómez.
La medida consistente en tres meses de fue dictada contra los imputados mayores Jesús Rafael Tejada Tejada, Franklin Santana Martínez, así como a los segundos tenientes José Luis Peralta Valentín y Catalino de Jesús Pérez; oficiales implicados en el hecho, conforme el expediente remitido a la fiscal de esta jurisdicción de Montecristi, Clara Jacqueline Zapata, quien en su dictamen solicito una medida consistente en prisión preventiva para los oficiales por violación a los artículos 295 y 304 del Código Procesal Penal.
Asimismo la jueza dictó seis meses de prisión preventiva, 200 mil pesos como garantía económica, impedimento de salida y presentación semanal ante el Juzgado Permanente de la Instrucción al alférez de fragata de la Marina de Guerra Ramirito Dumé Nina, por actuar en complicidad en el hecho, en perjuicio de Cecilio Díaz, al violar los artículos 59 y 60 del Código Procesal Civil.
Bajo estrictas medidas de seguridad desplegada por efectivos policiales procedentes de Mao, Villa Vásquez y Montecristi, los inculpados fueron trasladados la tarde de ayer lunes al cuartel policial de esta ciudad y posteriormente al Juzgado Permanente de la Instrucción donde se le conoció la medida de coerción. Luego fueron trasladados nuevamente al cuartel policial, para su posterior reclusión en el Recinto de la Fortaleza San Fernando de esta ciudad.
La magistrada Clara Jacqueline Zapata, dijo sentirse satisfecha por el dictamen de que fueron objeto los inculpados, informando que el ministerio público tiene tres y seis meses para profundizar las investigaciones y proceder a juicio de fondo.
El jurista Elvis Muñoz Sosa, presidente en la Línea Noroeste de la Comisión de Derechos Humanos, ponderó la decisión de la Procuraduría General de la República, considerando que en nuestro país deben cesar los fusilamientos extrajudiciales.
La medida consistente en tres meses de fue dictada contra los imputados mayores Jesús Rafael Tejada Tejada, Franklin Santana Martínez, así como a los segundos tenientes José Luis Peralta Valentín y Catalino de Jesús Pérez; oficiales implicados en el hecho, conforme el expediente remitido a la fiscal de esta jurisdicción de Montecristi, Clara Jacqueline Zapata, quien en su dictamen solicito una medida consistente en prisión preventiva para los oficiales por violación a los artículos 295 y 304 del Código Procesal Penal.
Asimismo la jueza dictó seis meses de prisión preventiva, 200 mil pesos como garantía económica, impedimento de salida y presentación semanal ante el Juzgado Permanente de la Instrucción al alférez de fragata de la Marina de Guerra Ramirito Dumé Nina, por actuar en complicidad en el hecho, en perjuicio de Cecilio Díaz, al violar los artículos 59 y 60 del Código Procesal Civil.
Bajo estrictas medidas de seguridad desplegada por efectivos policiales procedentes de Mao, Villa Vásquez y Montecristi, los inculpados fueron trasladados la tarde de ayer lunes al cuartel policial de esta ciudad y posteriormente al Juzgado Permanente de la Instrucción donde se le conoció la medida de coerción. Luego fueron trasladados nuevamente al cuartel policial, para su posterior reclusión en el Recinto de la Fortaleza San Fernando de esta ciudad.
La magistrada Clara Jacqueline Zapata, dijo sentirse satisfecha por el dictamen de que fueron objeto los inculpados, informando que el ministerio público tiene tres y seis meses para profundizar las investigaciones y proceder a juicio de fondo.
El jurista Elvis Muñoz Sosa, presidente en la Línea Noroeste de la Comisión de Derechos Humanos, ponderó la decisión de la Procuraduría General de la República, considerando que en nuestro país deben cesar los fusilamientos extrajudiciales.