La Fundación Prensa y Derecho demandó del Instituto
Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) cumplir con la sentencia de
noviembre del 2013 del Tribunal Superior Administrativo que le ordena revisar
las cláusulas abusivas de los contratos de las empresas telefónicas con los
usuarios.
El abogado Namphi Rodríguez, presidente de Prensa y Derecho, dijo que pese a haber
transcurrido más de tres meses desde el 22 de noviembre del 2013, el Indotel no
ha ejecutado la sentencia, lo que representa un “grave desacato” a la autoridad
judicial y un desconocimiento de los derechos de los ciudadanos.
Rodríguez sostuvo que le ha remitido varias comunicaciones al
presidente del Indotel, Gedeón Santos, para que inicie el proceso de revisión
de los contratos y así eliminar más de treinta cláusulas que resultan abusivas
de para los usuarios como manda la sentencia 447-2013 del Tribunal Supeior
Adminsitrativo.
“Estamos preocupados por el curso que ha seguido la ejecución
de la sentencia 447-2013 del Tribunal Superior Administrativo, dictada en fecha
22 de noviembre del año 2013, porque ello representa un desacato a una decisión
constitucional, y, consecuentemente se viola la Constitución y la seguridad
jurídica”, subrayó.
Dicha sentencia otorga
un plazo de 30 días a partir de la fecha de su pronunciamiento para llevar a
cabo ese proceso conjuntamente con el Instituto de Protección de los Derechos
del Consumidor (Proconsumidor), las
empresas prestadoras y con las organizaciones que representan a los usuarios de
los servicios de telecomunicaciones.
“La sentencia abre una oportunidad idónea para iniciar una
mesa de diálogo interinstitucional que incluya a los órganos en cuestión, al
Defensor del Pueblo, a las empresas prestadoras y a las organizaciones de
consumidores, a fin de cumplir con el mandato constitucional y legal de hacer
palmarios los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones”, reseñó el
profesional del Derecho.
Adujo que es inexplicable que en un Estado social y de
Derecho como el que proclama nuestra Constitución se den relaciones tan
asimétricas entre prestadores y consumidores de un servicio público
concesionado por el Estado.
“Instamos al Indotel a que se acoja a los términos de dicha
sentencia, de la Constitución, de la Ley General de Telecomunicaciones y de la
resolución 01/2009 de Proncusumidor, que ordena el proceso de registro de los
contratos de adhesión, para establecer un procedimiento preceptivo de revisión
de dichos contratos y así garantizar la seguridad jurídica de las empresas
prestadoras de servicios de telecomunicaciones y los derechos constitucionales
de los usuarios”, agregó
Advirtió que si en un breve plazo Indotel no procede a acatar
la sentencia la Fundación Prensa y Derecho acudirá nueva vez a los tribunales
para hacer cumplir el mandato del Tribunal Superior Administrativo.
