"Felucho" Jiménez fue acusado varias veces de corrupción en 2006 y 2007
Las denuncias de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas provocaron que la Cámara de Diputados interpelara al funcionario en agosto de 2007
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Félix Jiménez (Felucho), miembro del poderoso Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex ministro de Turismo del gobierno, vuelve a ser objeto de escándalo público por acusaciones de corrupción con la filtración de un cable de Wikileaks que da cuenta, según el diario español El País, de haber pedido 10 millones de dólares para agilizar una inversión de 750 millones de dólares de la empresa estadounidense Forbes Energy.
En el 2007, "Felucho" fue acusado por la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas de actuar como "juez y parte" en beneficio de empresas de su propiedad o vinculadas cuando estaba al frente de la cartera de Turismo.
La acusación y las constantes denuncias de corrupción en su gestión provocaron que la Cámara de Diputados lo interpelara en agosto de 2007.
En el informe presentado por la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales del hemiciclo sobre las supuestas infracciones cometidas por Jiménez, se hace un análisis de las acusaciones a la luz del ordenamiento jurídico sobre la materia.
El reporte citado dice que la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunció el 4 y el 6 de septiembre del 2006 a la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), supuestas irregularidades y violaciones a la Ley General de Medioambiente en un complejo de apartamentos denominado "Vista Mare", propiedad de una empresa en la que participa como “el principal, el ministroo de Estado de Turismo, Félix Jiménez”.
Se agrega que esas denuncias crearon un gran revuelo en los medios de comunicación y fueron llevadas a la Cámara de Diputados en septiembre del 2006 por los diputados Antonio Vicente Ureña y Wagner José Mosquea, quienes presentaron una resolución para interpelar al funcionario y al ministro de Medio Ambiente de entonces, Max Puig.
Según el informe el hemiciclo remitió la propuesta el 12 de octubre del 2006 a la Comisión Permanente de Medioambiente y Recursos Naturales. Tras estudiarla la Comisión consideró pertinente la interpelación y al presentar el tema nuevamente al hemiciclo, este decidió que se invitase a ambos funcionarios al seno de esa comisión. Puig acudió y ofreció su testimonio, pero "Felucho" Jiménez se negó a asistir y el 19 de marzo del 2007 envió una carta alegando no disponer de tiempo para atender una convocatoria “cuyo razonamiento y objeto no acabamos de entender”.
Ante la situación, el 17 de julio el pleno de la Cámara aprobó interpelar a Jiménez.
“La actitud del señor Jiménez motivó a la Comisión a indagar sobre Vista Mare y otras denuncias de los medios de comunicación. Fue evaluada la información recibida de diversas fuentes incluyendo la documentación solicitada a la Secretaría de Turismo. Aún están pendientes por analizar algunas aristas y solicitar información adicional a la Secretaria de Turismo y a otras fuentes oficiales como la Dirección de Impuestos Internos, pero la Comisión reunió suficientes datos y documentos y presenta a continuación un recuento detallado, anexando parte de la documentación analizada”, dice el informe.
Los cargos presentados contra Jiménez en la interpelación incluyeron el uso del cargo para obtener beneficios personales no permitidos por la ley. “El señor Félix Jiménez –dice el informe- habría utilizado su posición de Secretario de Estado para promover un proyecto de apartamentos en el cual aparece como principal promotor; también se aprobó en CONFOTUR resoluciones para recibir exoneraciones de impuestos en proyectos de empresas controlados por su familia, y además incrementó la densidad habitacional por hectáreas permitidas en un área donde dos empresas relacionadas con él adquirieron terrenos y desarrollaron proyectos inmobiliarios”.
De comprobarse las acusaciones, de las que la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas presentó un fardo de pruebas, la Comisión expuso que habría violado la Ley de Ética del Servidor Público que prohíbe al empleado público: “utilizar su cargo para obtener ventajas, beneficios o privilegios”.
Igualmente, dice el informe, habría violado la Ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, que prohíbe ser “juez y parte” y participar en actividades en las que el funcionario “tenga algún interés económico”, y se le podría aplicar el Articulo175 del Código Penal que castiga a los funcionarios que se mezclan en asuntos “incompatibles con su calidad”, con la pena de inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos.
Los casos analizados en la ocasión fueron: “uso de su cargo de secretario de Turismo para promover la venta del proyecto "Vista Mare", en Samaná, no objeción por parte del secretario de Estado de Turismo y aprobación en el Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR), que funciona bajo su responsabilidad, de proyectos personales para ser beneficiados con exoneraciones de impuestos y otras ventajas. Estos son "Vista Mare", "Stanza Mare", "Linda Villa Mare" y "Pueblo Bávaro”.
También, de acuerdo con el reporte legislativo, el Secretario de Estado de Turismo habría cambiado la densidad habitacional en la zona turística Punta Cana – Macao, y aumentó de 37.5 a 70 las habitaciones por hectárea permitidas en una zona donde dos empresas relacionadas con el funcionario tienen los proyectos Stanza Mare y Villa Mare.
Se le acusó también de otorgar una mayor densidad habitacional (75 por hectárea) para la zona donde está Pueblo Bávaro, un proyecto urbanístico que fue clasificado por CONFOTUR como “oferta complementaria”.
Tras ser interpelado por la Cámara de Diputados, el caso murió lentamente en la Dirección de Persecución Administrativa (DPCA) y había prácticamente desaparecido de la opinión pública hasta que ha sido revivido por las filtraciones de Wikileaks hechas públicas por el periódico español El País. Lo publicado por este medio habla de la supuesta extorsión por unos 10 millones de dólares que habría ejercido el funcionario para "allanar" el camino a la aprobación de un proyecto de producción de etanol. La versión es de empresarios de Estados Unidos que se quejaron ante su embajada, y ésta, a su vez, repotó el caso a su gobierno.
Alfonso Torres/7dias.com.do
